El caso penal avanzó en paralelo a un extenso conflicto en el fuero de Familia, donde Sabio acumuló sanciones por incumplir resoluciones judiciales relacionadas con el régimen de comunicación.

Frente a la reiteración de incumplimientos, el juzgado de Familia resolvió transferir el cuidado del menor al padre, una medida que se aplica desde hace aproximadamente tres meses.

En esas actuaciones se expuso que, durante más de cinco años, Sabio desconoció todas las órdenes destinadas a garantizar el contacto entre el niño y su progenitor, impidiendo incluso videollamadas en fechas significativas como el Día del Niño o el Día del Padre.

Durante el juicio, la Fiscalía describió un accionar sistemático orientado a limitar o impedir el vínculo del menor con su familia paterna. El planteo se apoyó en testimonios, pericias e informes técnicos. Aunque el tribunal acotó su decisión al período investigado, tomó en consideración el contexto previo para dimensionar la gravedad de la conducta.

En la audiencia también surgieron cuestionamientos sobre la actuación del psicólogo Claudio Marín, denunciado ante el Colegio de Psicólogos por el padre del niño.

Según el relato incorporado al expediente, el menor habría participado de “juegos” o dinámicas que lo inducían a formular dichos sobre su padre. La denuncia se encuentra en trámite y el órgano colegiado evalúa su eventual alcance. Se mencionaron antecedentes de suspensiones de matrícula, aunque no representan sanciones vigentes.

Además de la pena en suspenso, la Justicia impuso normas estrictas de conducta al considerar acreditado un patrón de hostigamiento hacia Claude Staicos, funcionario provincial y padre del menor.

Las medidas incluyen la prohibición total de exponer al niño, restricciones para difundir información o imágenes del padre, el cumplimiento íntegro del régimen de comunicación, la prohibición de cualquier conducta de perturbación, directa o indirecta, y supervisión judicial permanente.

En paralelo, Sabio enfrenta acciones civiles por daños y perjuicios promovidas por el padre del niño, quien denunció hostigamiento y escraches en redes sociales. Estos procesos avanzan de manera independiente y aún no cuentan con resolución definitiva.