Lo que debía ser un Congreso para consolidar al peronismo neuquino terminó en papelón, forcejeos, gritos y acusaciones cruzadas. El evento, celebrado en Zapala con presencia de veedores judiciales y una escribana pública, fue el escenario de una auténtica emboscada institucional.

Sin los votos necesarios, y violando abiertamente la Carta Orgánica, el sector de Parrilli intentó hacer pasar decisiones de altísima gravedad como si se tratara de un trámite ordinario.

Ya desde el comienzo se olía el tufillo a maniobra. En el primer llamado no se logró quórum: apenas 58 de los 78 congresales estuvieron presentes, número insuficiente para avanzar legítimamente.

Pero el kirchnerismo hizo oídos sordos. Aprovechando una mayoría circunstancial, se lanzó a aprobar una serie de resoluciones con una liviandad pasmosa: un frente electoral trucho, documentos políticos fuera del temario y hasta pedidos de expulsión de afiliados, todo con solo 31 votos. Una burla a la democracia interna.

Cuando el presidente del Congreso, Javier Bertoldi, advirtió la ilegalidad del proceso y dio por terminado el encuentro, la respuesta fue aún más alarmante: los congresales leales a Parrilli se quedaron en el recinto y siguieron “sesionando” por su cuenta. Sin presidente, sin quórum, sin reglamento. Sin ley.

En ese “simulacro de Congreso”, aprobaron tres medidas escandalosas: un documento contra el presidente Javier Milei y el gobernador Rolando Figueroa (curiosamente, no estaba ni en el orden del día), la conformación del frente electoral que ya había sido rechazado, y la supuesta expulsión de afiliados que no responden a su línea interna.

¿La legitimidad de esas decisiones? Nula. ¿La cantidad de votos? Apenas 32, muy lejos de los dos tercios requeridos. Lo sabían, pero no les importó.

Lo que vino después es aún más preocupante. Según denuncias de varios congresales, se habrían sentado personas ajenas al Congreso para inflar el número de presentes, se impidió el conteo nominal de votos y hubo agresiones físicas dentro del recinto.

El concejal Santiago Fernández fue categórico: “La jugada de Parrilli es clara: busca una impugnación judicial para forzar una intervención nacional del PJ y quedarse él como interventor. Es una maniobra digitada desde el Instituto Patria”.

La gravedad institucional del hecho no tiene precedentes recientes. Parrilli, eterno operador de Cristina Fernández de Kirchner, ya sin peso territorial y con una imagen desgastada, recurre a estas maniobras desesperadas para sostener un poder que se le escurre entre los dedos.

Su socio político, Darío Martínez, tampoco logró cosechar respaldo. La votación los dejó en evidencia: no tienen mayoría, no tienen legitimidad, y sobre todo, no tienen proyecto.

Mientras tanto, el peronismo neuquino que decidió apostar a un nuevo rumbo (de la mano del gobernador Rolando Figueroa y figuras como Tanya Bertoldi) sigue creciendo en estructura y en respaldo popular.

Con un enfoque en la gestión, en políticas públicas tangibles, y en la integración al frente oficialista provincial, esta nueva vertiente empieza a perfilarse como la alternativa concreta al verticalismo decadente de los Parrilli y compañía.

Desde el sector de Bertoldi fueron contundentes: si el acta del Congreso refleja la maniobra ilegal, será impugnada judicialmente. Y no están solos. La Justicia Electoral ya cuenta con las actas de la escribana y los veedores, que presenciaron el triste espectáculo que Parrilli y su séquito montaron en Zapala.

Lo que se juega en esta interna no es solo el futuro del PJ neuquino, sino también seis bancas nacionales en el Congreso. Una disputa que Parrilli y Martínez no quieren dirimir en las urnas, sino en tribunales, con trampas, aprietes y escribas truchas.

El peronismo neuquino está ante una encrucijada: permitir que una casta agotada decida su destino entre gallos y medianoche, o recuperar el partido para la militancia, el federalismo y la democracia interna. Zapala dejó una certeza: los tiempos del dedazo y las mesas chicas están contados. Aunque a Parrilli aún le cueste aceptarlo.