Vergüenza judicial: jueces y fiscales neuquinos tardaron hasta 13 años en declarar sus bienes
Por fin, después de años, o incluso décadas, de incumplimiento, las declaraciones juradas patrimoniales comenzaron a llegar a la Escribanía General de Gobierno. No fue por voluntad propia, sino por una serie de intimaciones que los pusieron contra la pared. Mientras tanto, el gobernador Rolando Figueroa avanza con firmeza en su cruzada por transparentar la función pública, empujando al Poder Judicial a cumplir con una ley que rige desde 1958.
El secreto a voces en los pasillos judiciales de Neuquén dejó de serlo. La gran mayoría de jueces, fiscales y defensores venían incumpliendo desde hace años, e incluso décadas, con la Ley 5, que establece la obligación de presentar una declaración jurada patrimonial antes de asumir el cargo. Un trámite simple, pero que durante años fue esquivado sin consecuencias.
El caso más flagrante es el del vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Evaldo Moya, quien se tomó la friolera de 13 años para cumplir. Asumió en 2012 y recién el 28 de febrero de este año presentó su patrimonio. Su par, Alfredo Elosu Larumbe, tardó 10 años. Y no fue por iniciativa propia: el 28 de febrero, el presidente del TSJ, Gustavo Mazieres, firmó el decreto 86, que dio un plazo de 30 días hábiles a todo el Poder Judicial para ponerse al día. Una medida que, a su vez, imitó el decreto del 23 de enero del gobernador Rolando Figueroa, quien había exigido lo mismo para toda la administración pública.
No se trata de un trámite simbólico: la declaración debe incluir bienes, rentas, deudas y el patrimonio de cónyuge e hijos. Sin embargo, en la práctica es un ritual sin transparencia. El contenido es secreto y sólo puede conocerse por requerimiento judicial. No hay forma de auditar la evolución del patrimonio de quienes integran el Poder Judicial, funcionarios que no son elegidos por el voto popular y conservan sus cargos de por vida, salvo mal desempeño.
Entre los que reaccionaron a último momento está la jueza del TSJ, Soledad Gennari. Tras una consulta periodística, se apuró a presentar su declaración recién el 24 de abril, una década después de asumir y fuera del plazo establecido por el decreto. El fiscal general, José Gerez, siguió la misma línea. Con 13 años de retraso, presentó su patrimonio el viernes 25 de abril y ahora dice que intimará al resto del Ministerio Público a cumplir antes del 15 de mayo.
Los datos son escandalosos. De los fiscales jefes, sólo Pablo Vignaroli y Mauricio Zabala habían cumplido con la ley antes de este año. El resto, Agustín García, Maximiliano Breide Obeid, Fernando Fuentes y Gastón Liotard, recién lo hizo en abril. Otros cuatro fiscales del caso aún deben hacerlo.
En el fuero procesal administrativo, donde se litigan causas contra el Estado, la situación es aún más crítica: ninguno de sus jueces, ni José Pusterla ni María Cecilia Gómez, había cumplido hasta ahora. Paradójicamente, es en ese fuero donde debería primar la ejemplaridad.
Las omisiones se repiten en todas las áreas. En la Cámara Civil del interior, Pablo Furlotti presentó su declaración en 1996. Desde entonces, silencio. En la Cámara de Neuquén, sólo Jorge Pascuarelli lo hizo en 2013. Y hay casos peores: camaristas jubilados como Fernando Ghisini, Marcelo Medori y José Ignacio Noacco se retiraron sin haber declarado nunca su patrimonio. También jueces destituidos como Marcelo Muñoz y Sebastián Villegas.
La defensora general, Vanina Merlo, asumió en 2022 y presentó su declaración recién el 25 de febrero de 2025. Un acto tardío, pero al menos hecho.
Mientras tanto, el gobernador Figueroa ha dado una clara señal de que no permitirá más zonas grises en la administración pública. Su decreto de enero marcó un punto de inflexión: puso a todos en igualdad de condiciones, sin excepciones. La casta judicial, hasta ahora intocable, empieza a sentir que el margen de impunidad se achica.
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