El código vigente, sancionado en la década de 1970, presenta notorias limitaciones: trámites excesivamente prolongados, formalismos innecesarios y barreras que dificultan el acceso de la ciudadanía a la justicia. En ese contexto, la reforma en curso representa no sólo una actualización normativa, sino también una redefinición del vínculo entre el Estado y la ciudadanía.

Un proceso institucional sin precedentes

La Comisión Especial, creada por la resolución 1229, está integrada por representantes del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es presidida por el diputado Ernesto Novoa (Comunidad), quien también encabeza la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. En esta primera etapa, se conformaron dos subcomisiones: una para abordar la materia civil y comercial, y otra específica para familia.

El objetivo es ambicioso: en un plazo de seis meses (prorrogable por igual período), la comisión deberá elaborar un anteproyecto de ley que contemple principios procesales modernos, tales como la oralidad, la celeridad, la transparencia, la gratuidad, los plazos razonables, la incorporación de tecnologías y la regionalización del acceso a la justicia.

Desde el Poder Ejecutivo, participan María Laura du Plessis y Aylen Martín Aimar, mientras que el Poder Judicial está representado por los vocales Soledad Gennari y Germán Busamia. Además, los 35 diputados y diputadas provinciales, junto con representantes de la presidencia de la Legislatura, tienen un rol activo en el proceso.

Durante el encuentro inaugural, la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina, calificó el momento como "histórico" y llamó a los participantes a trabajar sin protagonismos, priorizando el consenso y la calidad institucional. Recordó además que este proceso es la continuidad de una tarea iniciada en 2022, que incluyó encuentros en el interior provincial y aportes de juristas y universidades.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, destacó que la reforma debe darse en el ámbito legislativo, como expresión representativa de la sociedad. Afirmó que se trata de una oportunidad única para reforzar el Estado de derecho, mejorar la calidad institucional y acercar el sistema judicial a la ciudadanía.

Por su parte, el diputado Novoa subrayó la necesidad de "madurez política y consensos amplios" y adelantó que el proceso contemplará audiencias en distintas regiones de la provincia, para asegurar un enfoque federal y participativo.

Además de los principios rectores mencionados, el nuevo código deberá incorporar métodos alternativos de resolución de conflictos, garantizar la inmediación del juez con las partes, y promover respuestas oportunas, fundamentadas y ágiles. También se prevé convocar a referentes del Colegio de Abogados, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue, de la Asociación de Magistrados y a especialistas en derecho procesal.

La coordinación general quedó en manos de Aylen Martín Aimar, quien hizo un repaso del trabajo acumulado por la comisión predecesora. En tanto, la diputada Cielubi Obreque (MPN) fue designada secretaria.

Finalmente, aunque no participó directamente del encuentro, el liderazgo del gobernador Figueroa se percibe como un factor determinante en la puesta en marcha de esta reforma. Desde el inicio de su gestión, ha promovido la modernización del aparato estatal bajo una lógica de eficiencia, transparencia y federalismo real.

En ese marco, la transformación del Código Procesal Civil y Comercial no es un hecho aislado, sino parte de una política pública que busca fortalecer las instituciones democráticas y garantizar derechos de manera efectiva. Se trata, en definitiva, de actualizar uno de los pilares esenciales del sistema republicano: el acceso a una justicia confiable, comprensible y cercana.