La misma ordenanza, además, establece en sus artículos 5° al 8° los porcentajes específicos que deben regir los sueldos de los cargos políticos en relación con el sueldo del Intendente. Por ejemplo, los Subsecretarios deben percibir el 65 por ciento del sueldo del jefe comunal; los Directores Generales, el 55 por ciento; los Directores Municipales, el 50 por ciento; y los Secretarios de Bloque, el 40 por ciento. Sin embargo, los números liquidados reflejan cifras que nada tienen que ver con lo establecido legalmente. Una cadena de pagos ilegales se sostuvo sin control ni revisión, mientras el grueso del personal cobraba cifras paupérrimas.

El perjuicio económico es millonario. No solo se vieron favorecidos los funcionarios en funciones, sino también ex intendentes, concejales y personas jubiladas, cuyos haberes están atados a esos montos. El caso más flagrante es el de Fernanda Barraza, ex secretaria de Relaciones Institucionales, que renunció en enero, pero siguió cobrando aumentos indebidos durante varios meses posteriores. La desprolijidad administrativa se convierte en complicidad cuando nadie responde, nadie investiga y nadie devuelve lo cobrado de más.

Desde el Ejecutivo intentan instalar la idea de que todo fue un simple error administrativo o un malentendido en la interpretación de la norma. Sin embargo, la repetición sistemática de liquidaciones ilegales durante ocho meses y a más de 200 beneficiarios, deja en evidencia que no se trató de un accidente, sino de una acción coordinada para desviar fondos públicos a bolsillos privados. Las planillas fueron firmadas mes a mes, los pagos autorizados, las cifras escondidas bajo el manto de la discrecionalidad. No hay forma de justificar semejante nivel de negligencia sin que surja la sospecha de un saqueo deliberado.

A pesar de la magnitud del escándalo, no hay sanciones ni sumarios internos. Nadie fue desplazado. No hay auditorías. Ni siquiera se convocó a una conferencia de prensa para dar explicaciones mínimas. El intendente Nicolás Albarracín, usuario asiduo usuario de las redes sociales institucionales, no se ha pronunciado públicamente desde que la situación salió a la luz. El silencio es absoluto y sospechoso en un funcionario que no pierde oportunidad de filmarse y subir a su Instagram y al de la municipalidad todos los reels posibles, como si fuese un influencer y no el intendente de la localidad más importante del Alto Neuquén. La falta de respuesta oficial alimenta la indignación de una comunidad que empieza a preguntarse si no ha sido víctima de un sistema armado para delinquir desde el Estado.

Frente al cerco de opacidad, la concejala Virginia Della Chá, decidió judicializar la situación tras denunciar trabas sistemáticas para acceder a la información pública. Afirmó que desde el Ejecutivo existe una política de ocultamiento deliberado y una negativa constante a responder los pedidos formales de documentación. Su presentación ante la Justicia apunta no solo al cobro indebido de sueldos, sino también al encubrimiento interno, la alteración de registros oficiales y el posible delito de malversación de fondos.

A pesar de que los sueldos ya se estarían ajustando según lo establecido en la ordenanza, el daño está hecho. El dinero ya fue cobrado. Las cifras ya fueron manipuladas. Y los haberes jubilatorios, que dependen directamente de estas liquidaciones, también resultaron distorsionados. Hasta el momento no hay señales de que se haya activado un mecanismo para recuperar esos fondos ni de que se haya notificado al Instituto de Seguridad Social del Neuquén para corregir los errores.

En el Alto Neuquén reina el desconcierto y la indignación. La falta de explicaciones oficiales, el ocultamiento de la información y el silencio persistente del intendente Albarracín alimentan un clima de sospecha y hartazgo. Y mientras los funcionarios implicados disfrutan de sueldos inflados, la ciudadanía observa cómo la institucionalidad se desmorona frente a sus ojos. La transparencia, en Chos Malal, brilla por su ausencia.