La ex vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, solicitó una prórroga para explicar cómo hizo para adquirir una lujosa camioneta, un terreno valuado en millones y una pileta disfrazada de obra pública. La prórroga, que vence mañana a las 13 horas, se suma a una larga lista de maniobras con las que Ruiz intenta evitar dar explicaciones claras ante la justicia.
Destituida en diciembre por “inhabilidad moral”, Gloria Ruiz enfrenta una investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos por presunto enriquecimiento ilícito y peculado. Esta semana, no logró reunir la documentación que le había exigido el fiscal Juan Manuel Narváez Barraza, y pidió más plazo. En el ambiente judicial, muchos ya hablan de que la demora tiene un solo objetivo: ganar tiempo para “dibujar los números” y presentar una versión prolija de un patrimonio cada vez más sospechoso.
La situación es tan grave que incluso su abogado defensor, el exjuez rionegrino Alberto Balladini, tuvo que salir a contener los daños. Fue él quien pidió formalmente la extensión del plazo para justificar el patrimonio de Ruiz, que creció a pasos agigantados durante su paso por la función pública, primero como intendente de Plottier (2019–2023) y luego como vicegobernadora.
Entre los bienes más polémicos figura una camioneta Toyota SW4 modelo 2024, que Ruiz adquirió en septiembre del año pasado por nada menos que 76.837.000 pesos. También se investiga la compra de un terreno en el exclusivo Loteo Manzanares, sobre la Ruta 22 de Plottier, que habría obtenido utilizando a un testaferro. Como si fuera poco, en ese mismo lote se construyó una piscina de lujo valuada en más de 31 millones de pesos, presuntamente encubierta como si fuera parte de una obra pública.
“La pileta está cerrada en los cuatro costados, en un predio privado. Lo escandaloso es que los fondos se gestionaron como si se tratara de una mejora para una asociación civil”, señaló una fuente judicial. Esa asociación, GRU.DI.ES., jamás vio una sola máquina trabajando, aunque sí recibió más de 18 millones de pesos como "anticipo" por obras que nunca se realizaron en su predio.
Las sospechas no terminan ahí. La exfuncionaria está implicada además en otras causas ligadas al desvío de fondos públicos. Una de ellas tiene como protagonista a su hermano, Pablo Ruiz, quien fue designado como director de la Casa de las Leyes durante su paso por la Legislatura. Ya le formularon cargos por peculado tras comprobarse transferencias irregulares desde cuentas oficiales a otras vinculadas a su entorno familiar.
También están bajo la lupa contrataciones con presunto sobreprecio a una empresa de publicidad de General Roca, y la designación de una empleada “fantasma” que cobraba sueldo por tareas que en realidad realizaba su esposo. Todos los caminos conducen a una red de desmanejos millonarios.
La fiscalía planea formalizar nuevos cargos antes de la feria judicial de invierno. Ruiz, mientras tanto, busca evitar el derrumbe legal. Pero lo cierto es que ya no alcanza con patear la pelota unos días más: su patrimonio no cierra, las explicaciones no convencen y las pruebas en su contra se siguen acumulando.
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