Parte del dinero terminó presuntamente en la cuenta sueldo de su hermano, con plazos fijos y supuestos retiros en efectivo. Ruiz reconoció la “irregularidad”, pero negó cualquier esquema de nepotismo.

Lejos de retirarse de la actividad política, Ruiz confirmó su candidatura a diputada nacional por su partido, Desarrollo Ciudadano, para las elecciones del 26 de octubre. Así elude la Ley de Ficha Limpia impulsada por su ex compañero de fórmula, Figueroa, que le impide competir en la provincia por tener causas abiertas en la Justicia, aunque no aplica a nivel nacional.

Pero ahora, la exvicegobernadora enfrenta un nuevo revés judicial. La fiscalía de Delitos Económicos pedirá en los próximos días que se fije fecha para la audiencia de formulación de cargos en su contra, imputándole los delitos de enriquecimiento ilícito y fraude en perjuicio de la provincia. Las acusaciones también alcanzan a su hermano, Pablo Ruiz, y a la exsecretaria de Cámara, Isabel Richini, así como a otros exfuncionarios que la acompañaron durante su gestión.

El caso se centra en varias irregularidades en su patrimonio y en la administración pública. Según la investigación, no habría justificado el origen de los fondos para adquirir una camioneta Toyota, cuyo valor superaría ampliamente sus ingresos oficiales como vicegobernadora.

Además, se analiza su intervención en contrataciones directas que están bajo sospecha por irregulares, principalmente vinculadas a la publicidad, en un monto de más de 45 millones de pesos.

Entre los elementos probatorios, los investigadores destacan que algunas piezas publicitarias fueron utilizadas por Ruiz en sus redes personales, lo que constituiría una violación a la Ley provincial de despersonalización de los actos de Gobierno.

Richini, partícipe necesaria, y Pablo Ruiz habrían realizado contrataciones ilegales desde su cargo de coordinador general de la Casa de las Leyes, derivando pagos a proveedores sin justificar ninguna urgencia o excepción.

En paralelo, el amparo presentado por Ruiz ante la Corte Suprema de Justicia busca anular su destitución.

Tras 8 meses de parálisis, el expediente volvió a moverse y quedó bajo la vocalía de Horacio Rosatti, presidente del tribunal, para que los jueces evalúen si el máximo tribunal puede intervenir en el caso y si la acción de la exvicegobernadora tiene lugar.

La Procuración General de la Nación había recomendado remitir el conflicto a la justicia provincial, argumentando que se trataba de un asunto de competencia local; sin embargo, la Corte tendrá la última palabra sobre la admisibilidad del amparo.

Este paso judicial suma otra capa de incertidumbre a la situación de Ruiz, quien deberá enfrentar tanto la potencial formulación de cargos por parte de la fiscalía como la decisión de la Corte sobre la validez de su amparo. La resolución de ambos frentes podría modificar significativamente su posición política y judicial en Neuquén.

Mientras tanto, Ruiz sigue oficialmente habilitada como candidata a diputada nacional por Desarrollo Ciudadano para las elecciones del 26 de octubre, manteniendo su presencia en la política provincial y nacional, a pesar de los desafíos judiciales que enfrenta.

Por su parte, el oficialismo provincial, con Figueroa a la cabeza, lanzó su campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre y, dato no menor, Ficha Limpia será un eje central. Juan Luis “Pepé” Ousset, segundo candidato a senador, adelantó que será el primer proyecto que llevarán al Congreso si obtienen bancas, buscando aplicar a nivel nacional reglas similares a las aprobadas este año en Neuquén.

La iniciativa prohíbe que personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos, comunes o federales se postulen o ocupen cargos en el gobierno o la justicia.

También alcanza a quienes hayan sido sometidos a procedimientos de inhabilitación política, como el caso de Ruiz. Ousset aclaró que no incluirá la probation o suspensión de juicio a prueba, a diferencia de lo incorporado por los diputados provinciales.

Con esta estrategia, Figueroa y La Neuquinidad buscan diferenciarse de la oposición y enviar un mensaje sobre ética y transparencia como “estándares” indispensables para quienes aspiran a cargos públicos.

La grieta nacional...

Al tiempo que el presidente Javier Milei y su gobierno enfrentan denuncias por presuntas coimas, y mientras la líder de la oposición, la ex vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, cumple condenas por hechos de corrupción, las repercusiones en las grandes fuerzas políticas del país también hacen mella en la provincia de Neuquén.

En el sector libertario, las tensiones internas se hicieron públicas con fuertes declaraciones del concejal y candidato a primer diputado nacional por Fuerza Libertaria, Joaquín Eguia, quien cuestionó a la diputada nacional Nadia Márquez y su familia por los subsidios estatales al colegio AMEN, administrado por ellos.

Eguia sostuvo: “¿Por qué no le destinamos la plata del colegio que recibe la diputada Márquez a las rutas de Neuquén? Ahí tiene que estar la plata de la gente”. Y agregó: “Recibe 1800 millones de pesos por año mientras está en contra de la educación pública y del Estado”.

En suma, el concejal también vinculó a Márquez con el gobernador Figueroa, afirmando que su rol en La Libertad Avanza es una fachada: “Nadia es empleada de Rolando, y acá en Neuquén está pasando lo mismo. Pablo Cervi no es de La Libertad Avanza… (Gastón) Riesco no es libertario”, disparó. Además, Eguia recordó incluso que Javier Milei, en sus primeras visitas a la provincia, descalificaba a Márquez por su cercanía con Figueroa, llamándola “mandril”.

En la otra vereda, el Partido Justicialista también atraviesa sus propias tensiones internas de cara a octubre. Tras el Congreso provincial realizado en mayo en Zapala, un sector del PJ había impugnado las decisiones del encuentro, cuestionando tanto la conformación del frente electoral “anti Milei” como la expulsión de funcionarios que en 2023 compitieron por otras fuerzas políticas.

No obstante, esta semana, que conoció que la jueza federal Carolina Pandolfi declaró finalmente válidas las resoluciones, avalando que las decisiones se tomaron con el quórum necesario, pese al retiro del sector alineado con el gobernador Rolando Figueroa.

La resolución judicial despeja dudas sobre la continuidad de las autoridades partidarias y la validez del frente anti-Milei, aunque mantiene abierta la polémica sobre las internas partidarias, ya que el punto que prorrogaba a las actuales autoridades y convocaba internas para 2026 sigue judicializado.

Mientras tanto, el PJ quedó a cargo de María Elena Paladino, tras la renuncia del presidente Darío Martínez, lo que evidencia la complejidad que tuvo el armado político dentro del justicialismo neuquino, el cual fue digitado a dedo desde Buenos Aires.

Justicia y Derechos Humanos...

Neuquén enfrenta nuevamente su oscura historia en materia de derechos humanos, con dos casos que recuerdan la persistencia de la impunidad y la necesidad de justicia.

La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó las condenas por la causa Escuelita VII, donde se juzgaron las violaciones cometidas contra mujeres detenidas en centros clandestinos durante la última dictadura. La violencia sexual, considerada parte del plan sistemático de ataque a la población civil, reafirma el carácter de lesa humanidad de estos crímenes.

Los jueces devolvieron el expediente al Tribunal Oral Federal de Neuquén para revaluar la participación del piloto Juan José Capella, cuya responsabilidad fue considerada mayor a la condena inicial.

Como explicó el camarista Javier Carbajo, estas torturas tuvieron un componente de género, manifestado en la desnudez forzada, humillaciones sexualizadas y violaciones, “formas concretas de violencia que sufrieron las mujeres por su condición de tales”.

La confirmación de las perpetuas para 10 de los 15 imputados deja un precedente sólido para los juicios que aún restan en la región.

Por último, el caso Sergio Ávalos reaviva la exigencia de responsabilidad institucional frente a la desaparición forzada del joven estudiante universitario desaparecido en 2003.

El Gobierno de Neuquén suspendió preventivamente a tres policías de alto rango imputados por estos hechos, mientras el abogado querellante Sergio Heredia denunció que los acusados habían logrado ascensos en la fuerza gracias a la falta de imputación oportuna, lo que constituye “una mancha para la institución y para el Estado”.

Este episodio subraya la importancia de mantener la vigilancia sobre los mecanismos de justicia y seguridad para garantizar que hechos como este no queden impunes y que la memoria histórica siga siendo un faro en la provincia.