Remarcó que es necesario ser claros al explicar qué se está haciendo en cada sector porque el déficit heredado en materia de infraestructura se da a nivel territorial y los recursos para revertirlo no están disponibles per se sino que hay que gestionarlos, reduciendo la deuda heredada en dólares, eliminando gastos innecesarios para fortalecer sectores prioritarios o buscando financiamiento externo, para lo cual fue muy importante el haber mejorado la calificación crediticia de Neuquén.

Consideró fundamental el trabajo realizado desde un primer momento con los representantes de los gobiernos locales -plasmado en los Pactos de Gobernanza I y II- así como también la regionalización aplicada para hacer de ésta una provincia cada vez más justa, con equilibrio territorial y oportunidades reales para todos sus habitantes.

La transparencia requerida a los ministerios no se acotó al discurso: el propio Figueroa repasó lo hecho y dio ejemplos de las medidas implementadas por el Ejecutivo Provincial para cumplir con la palabra dada a la ciudadanía neuquina.

Cambios a nivel ministerial: se modificaron dependencias -tomando como base la regionalización-; se eliminó la intermediación de organizaciones sociales entre la ayuda del Estado y la población que es destinataria de ella; se fortalecieron las empresas públicas para que pudieran asumir un rol más activo a la hora de realizar obras; se redujo la planta política y se optó por jerarquizar a empleados de planta permanente para que asumieran determinadas funciones sin tener que incrementar la nómina de personal.

Puesta en valor del empleo público: se implementaron controles para asegurar que en la administración pública se cumplan las obligaciones laborales. Así se detectó que había agentes que marcaban el ingreso, pero no entraban a trabajar; ahora están bajo sumario. Mediante auditorías se detectaron casos de licencias médicas apócrifas y se realizaron las correspondientes denuncias.

Exigencias para la planta política: se exigió la presentación de declaraciones juradas patrimoniales a todos los funcionarios públicos alcanzados por la Ley 5 (de la planta política). Se implementó un mecanismo de control periódico del rendimiento de los trabajadores que tienen funciones políticas y se estableció que quienes no alcancen los objetivos sean separados del cargo.

Tolerancia cero frente a los hechos de corrupción: se impulsó el proyecto de ley de Ficha Limpia que impide que procesados por la Justicia o destituidos por hechos de corrupción, puedan ser funcionarios públicos o candidatos a cargos electivos. Se despidió del Estado a agentes que no concurrían a trabajar (ñoquis), estaban condenados por la Justicia o habían incurrido en hechos de violencia laboral. Se aceleraron los procesos administrativos para concretar estas medidas y se dispuso el recupero de los sueldos que quienes cobraron sin ir a trabajar.

Eliminación de privilegios: apenas asumió, el gobernador se autoexcluyó de la jubilación de privilegio y envió a la legislatura un proyecto de ley en ese sentido que fue aprobado por la Cámara de diputados de la provincia. Además, se interrumpieron los subsidios no justificados ya que se detectó que algunos de los beneficiarios vivían incluso en otro país.

Responsabilidad en el manejo de los fondos públicos: se auditaron las cuentas heredadas y se detectaron gastos superfluos que pronto fueron eliminados, como el alquiler de vehículos o celulares corporativos para uso personal de funcionarios. Se revisaron los contratos de obras públicas y se dieron de baja aquellos que eran perjudiciales para las finanzas de la provincia.

Reglas claras para la contratación de proveedores: se establecieron reglas estrictas para los proveedores del Estado y se eliminaron los privilegios que algunos tenían. Se cancelaron contratos que eran perjudiciales para la provincia. Los nuevos contratos permitieron abaratar costos como ocurrió, por ejemplo, en la compra de medicamentos por parte del ministerio de Salud.

Todo lo hecho sirvió para reorientar la gestión provincial a fin de cumplir el objetivo de máxima que tiene este gobierno: ordenar para redistribuir. Eso contribuirá a construir el Neuquén post Vaca Muerta sobre bases firmes, donde todas las regiones puedan desarrollarse con equidad y los ciudadanos tengan oportunidades de crecimiento personal sin tener que trasladarse del lugar donde viven.