López y Meza Lizama, quienes reconocieron ante la Justicia haber integrado una asociación ilícita dedicada a desviar fondos del Ministerio de Desarrollo Social a través del cobro sistemático de cheques destinados originalmente a personas en situación de vulnerabilidad, durante la gestión del ex gobernador Omar Gutierrez. El acuerdo, homologado por el juez de garantías Juan Pablo Balderrama, los condena a tres años de prisión condicional, más el cumplimiento de 12 horas mensuales de trabajo comunitario durante tres años.

En total, los imputados admitieron haber cobrado cheques por casi 18 millones de pesos. La maniobra se inscribe en la causa principal que investiga más de 9.300 estafas contra el Estado provincial. A pesar de la magnitud del daño económico, el juez consideró “razonable” el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía de Delitos Económicos y las defensas, en función de los principios de economía procesal y celeridad judicial.

Sin embargo, este tipo de resoluciones judiciales, lejos de cerrar el conflicto, reavivan las dudas sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal en casos de corrupción con implicancias políticas. La percepción de impunidad no es menor: los acusados confesos de haber participado en una red delictiva compleja y sostenida en el tiempo no enfrentarán juicio público ni pena efectiva.

Además, la causa principal apunta a altos funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez, bajo cuya administración se concretó el desfalco. El juicio contra los presuntos organizadores de la maniobra —entre ellos el exdirector de Planes Sociales Ricardo Soiza, junto a Néstor Sanz, Marcos Osuna, Tomás Siengenthaler y el exministro Abel Di Luca— está previsto para el próximo 21 de julio. Se estima que el proceso se extenderá por más de dos meses, dada la complejidad de la causa y la cantidad de testigos y peritos involucrados.

La posibilidad de que otros imputados busquen acuerdos similares al de López y Meza Lizama no está descartada, lo que refuerza la preocupación por una resolución del caso que evite el debate oral, público y transparente que demanda la ciudadanía.

No se trata solo de responsabilidades individuales. Este caso expone fallas profundas en los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro del Estado provincial, en un área tan sensible como la distribución de fondos para planes sociales. El dinero que debía llegar a personas en situación de pobreza fue desviado en una trama planificada, ejecutada desde las estructuras mismas del poder.

A esto se suma el impacto institucional: cada resolución que favorece el cierre exprés de causas por corrupción, sin pena efectiva, debilita el ya frágil vínculo entre la sociedad y sus instituciones. La ciudadanía necesita señales claras de que la Justicia actúa con firmeza frente a delitos que atentan contra el interés colectivo.

La provincia de Neuquén se encuentra frente a una oportunidad histórica para marcar un precedente. La pregunta es si primará el compromiso con la verdad y la justicia, o si el caso de los planes sociales se sumará a la larga lista de escándalos que terminan en condenas simbólicas y sin consecuencias reales.