Lo que sucedió en dicho Congreso fue mucho más que una disputa interna. Según lo describen congresales del interior provincial, lo que sucedió fue un intento llano y simple de golpe de Estado partidario. El nombre y apellido del responsable: Oscar Parrilli, el operador de Cristina Kirchner en Neuquén, intentó imponer una serie de decisiones ilegales aprovechando una ajustada mayoría circunstancial y desoyendo flagrantemente la carta orgánica del partido.

Todo comenzó con la convocatoria formal del Congreso, que contaba con la presencia de dos veedores de la justicia electoral y una escribana pública. En el primer llamado, no se alcanzó el quórum necesario (50% más uno de los 78 congresales). En el segundo, realizado una hora más tarde con solo 58 presentes, se avanzó de manera irregular en el tratamiento de los puntos del orden del día.

Pero la situación se tornó escandalosa cuando el sector de Parrilli, sin los votos necesarios, intentó avanzar con la conformación de un frente electoral. La carta orgánica exige dos tercios para esa decisión: no los tenían. Lo sabían. Aun así, persistieron en forzar el resultado. Como no lograron imponer su moción, el presidente del Congreso, Javier Bertoldi, dio por finalizado el encuentro. Sin embargo, en un acto sin precedentes, el parrillismo decidió “seguir sesionando” por su cuenta, sin presidente, sin legitimidad, y fuera de todo marco reglamentario.

Allí aprobaron tres medidas gravísimas: un documento político contra Javier Milei y el gobernador Rolando Figueroa (no incluido en el orden del día), la conformación del frente electoral que había sido rechazado y el pedido de expulsión de afiliados que no comulgan con su línea. ¿Quiénes aprobaron estas mociones? Solo 32 congresales. Muy lejos de los dos tercios exigidos. Muy lejos, también, de cualquier respeto por la institucionalidad.

La gravedad del hecho no se agota en la ilegalidad de estas decisiones. Según múltiples congresales, se cometieron actos de fraude deliberado: se habrían sentado personas ajenas al Congreso para “inflar” el número de presentes, se impidió el conteo nominal de votos y se habría incurrido en agresiones físicas y forcejeos dentro del recinto.

“La jugada de Parrilli es clara”, denunció el concejal peronista Santiago Fernández. “Buscan generar una impugnación judicial para justificar una intervención del PJ neuquino desde Buenos Aires. Y que, por supuesto, el interventor sea Parrilli. Es un atropello total a la democracia interna. Un plan digitado desde el Instituto Patria”.

Fernández también fue contundente respecto a la legitimidad de las sanciones aprobadas por el sector kirchnerista: “El Congreso Partidario no tiene facultades para expulsar ni sancionar a afiliados. Eso lo define el Tribunal de Disciplina, que en este caso no fue ni consultado. Están violando todas las reglas”.

El trasfondo de este intento desesperado de tomar el control del PJ neuquino es evidente: Parrilli y su socio político Darío Martínez están debilitados. Ya no cuentan con la representación territorial ni el respaldo de la mayoría. Por eso intentan avanzar con una intervención que les permita, por la fuerza, lo que no pueden conseguir con votos.

Parrilli, eterno operador de Cristina, ha hecho de la obediencia a Buenos Aires su única estrategia política. Su historia está marcada por el verticalismo, el amiguismo y la acumulación de poder para su familia y su círculo más cercano. Ahora, pretende arrastrar al PJ neuquino a un nuevo capítulo de decadencia y subordinación.

Pero el escándalo de Zapala dejó algo claro: el peronismo neuquino no está dispuesto a tolerar más atropellos. Un sector cada vez más amplio pide renovación, debate, y federalismo real. No quieren más recetas porteñas ni títeres del Instituto Patria.

La intervención que Parrilli busca sería un verdadero asalto a la democracia partidaria. Una traición al espíritu del justicialismo y una entrega total a los intereses de una minoría desesperada por conservar poder.