Desde el Ejecutivo neuquino, la preocupación es clara. El gobernador Rolando Figueroa, en coordinación con su par rionegrino Alberto Weretilneck, mantiene una mesa de negociación con el objetivo de resguardar los intereses provinciales frente a un escenario que consideran desequilibrado y poco transparente. Aunque el diálogo con Nación no está roto, sí hay una crítica de fondo: la falta de tiempo para analizar el contenido de los pliegos impide una evaluación técnica y política adecuada de un proceso que compromete recursos naturales clave para las provincias.

Un proceso cuestionado por su rapidez

El malestar de los gobiernos provinciales se originó cuando Nación notificó que otorgaría solo 15 días para revisar el borrador del Pliego de Bases y Condiciones, pese a que las provincias habían solicitado un mínimo de 30 días. El ministro de Planificación de Neuquén, Rubén Etcheverry, calificó la situación como “preocupante” y advirtió que se está abordando un tema de “gran trascendencia” con una premura que no se condice con la magnitud del impacto que tendrá.

La licitación no sólo implica la continuidad o el traspaso de las concesiones actuales —en manos de AES, Central Puerto, Enel y Aconcagua Energía—, sino la posibilidad de que nuevos actores, entre ellos YPF Luz, Pampa Energía, Genneia, TotalEnergies, MSU Energía y hasta fondos de inversión internacionales, ingresen al sistema con el control de represas que hoy son claves en la matriz energética nacional.

Una negociación que prioriza la soberanía provincial

Rolando Figueroa ha sido enfático en su postura: las provincias deben ser parte activa y no meros espectadores en un proceso que afecta directamente sus recursos. Su “negociación silenciosa” con Río Negro busca, como mínimo, mejorar las condiciones de los pliegos. Entre los reclamos figuran un mayor retorno en concepto de regalías y canon por el uso del recurso hídrico, además de un tratamiento diferenciado en el costo de la energía para la región.

Si bien Figueroa evita posiciones maximalistas, como las que plantean sectores de la oposición que piden que las represas pasen a administración provincial, sí sostiene que no se puede avanzar en una licitación de este tipo sin garantías de participación efectiva y sin un debate técnico serio.

La Legislatura se toma su tiempo

En la Legislatura de Neuquén también se discute el tema. La semana pasada se trataron dos proyectos de declaración que rechazan el esquema propuesto por el Gobierno nacional y reclaman la administración provincial de las represas. Uno pertenece al diputado César Gass (UCR) y otro a Julieta Ocampo (FIT). Sin embargo, el oficialismo prefirió posponer la definición hasta contar con mayor información técnica.

En ese marco, se convocó a los ingenieros Elías Sapag y Ricardo Cazeneuve, con trayectoria en la Administración Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para que expongan sobre el rol integral de las represas: generación de energía, control de caudales, almacenamiento de agua y protección de las poblaciones aguas abajo.

Este miércoles, cuando vencen los 15 días para el análisis de los pliegos, coincidirá además con una sesión ordinaria en la Legislatura. Si bien no se prevé una definición formal ese mismo día, el tema estará presente en el debate parlamentario.

Un patrimonio estratégico en disputa

Las represas del Comahue no son solo infraestructura energética: son herramientas de gestión del agua, del desarrollo productivo y de la seguridad ambiental de la región. En ese sentido, la decisión de privatizar su administración mediante un mecanismo de licitación acelerado, sin garantías de participación plena de las provincias, ha encendido luces de alerta.

El Decreto 263/2024, publicado el pasado 10 de abril, acortó los plazos y habilitó a la Dirección Nacional de Generación Eléctrica a enviar los borradores de los pliegos. Además, estableció la creación de sociedades anónimas para cada represa, dejando abierta la puerta para una venta parcial o total de su paquete accionario. La medida también incorporó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, lo que da cuenta de una clara voluntad de desestatización.

La pregunta que se hacen desde el sur del país es simple: ¿quién decide sobre los recursos naturales que nacen en nuestras tierras? La respuesta, para Figueroa, debe surgir del diálogo respetuoso y de una mirada federal. Pero también de una firme defensa de los intereses provinciales frente a un esquema que, hasta ahora, parece estar pensado para beneficiar a grandes jugadores del mercado, sin contemplar las necesidades de las comunidades que conviven día a día con esas represas.