Entre los votos negativos que generaron indignación en las redes sociales y los medios de comunicación se destacaron dos nombres que no sorprenden, pero aún escandalizan: Silvia Sapag y Oscar Parrilli, senadores neuquinos del bloque Unión por la Patria, alineados férreamente con el kirchnerismo. Sí, los mismos que hace apenas unos meses se mostraban preocupados por “recuperar la confianza de la ciudadanía” hoy levantaron la mano para blindar a los corruptos.

La senadora Sapag incluso fue más allá del voto: en un discurso que pareció redactado por algún condenado en Comodoro Py, defendió el derecho de los delincuentes con condena firme a presentarse como candidatos. “¿En serio le van a quitar al pueblo la posibilidad de elegir a sus representantes?”, lanzó sin ruborizarse, como si el derecho del pueblo incluyera elegir ladrones, defraudadores o estafadores. Ignoró deliberadamente que el proyecto apuntaba a evitar que personajes nefastos como José López, Julio De Vido o Amado Boudou vuelvan a candidatearse.

Oscar Parrilli, por su parte, calificó la iniciativa como “una barbarie política”. El ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner —una de las principales afectadas por la ley si se hubiese aprobado— dijo sin titubear que impedir que un condenado por corrupción acceda a un cargo público es peor que permitirlo. Sí, leyó bien. Para Parrilli, poner límites a los corruptos es “barbarie”, pero habilitarlos a manejar fondos públicos tras haber sido condenados, es democracia.

Ambos senadores, lejos de representar a los neuquinos que claman por una política decente, decidieron alinear sus votos con la vieja estructura kirchnerista que se resiste a soltar el poder, incluso a costa de seguir desprestigiando las instituciones.

El contraste con la provincia que representan no podría ser más evidente

Mientras Sapag y Parrilli votaban en Buenos Aires por el “derecho” de los condenados a presentarse en elecciones, en Neuquén ya rige la Ley de Ficha Limpia provincial. Fue aprobada en marzo de este año con 28 votos a favor en la Legislatura local y el firme impulso del gobernador Rolando Figueroa, quien viene demostrando que se puede gobernar con principios, con reglas claras y sin ataduras a los pactos de impunidad.

Figueroa empujó la sanción de la ley provincial que prohíbe que personas condenadas por corrupción, delitos sexuales o violencia de género ocupen cargos electivos o en la administración pública. La norma fue celebrada por organizaciones civiles, referentes del ámbito judicial y por buena parte de la ciudadanía. Una verdadera bocanada de aire fresco en un país asfixiado por el cinismo político.

Paradójicamente, el mismo kirchnerismo que se opuso en la Legislatura neuquina, volvió a hacer lo propio en el Congreso Nacional. Y una vez más, Parrilli y Sapag fueron la cara de esa resistencia al cambio. Representantes de una forma de hacer política que se niega a morir, que sigue creyendo que el Estado es un botín y no una herramienta para servir al pueblo.

El caso de los senadores misioneros, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, también generó ruido. Se plegaron al interbloque kirchnerista, a pesar de haber dado señales contradictorias en los meses previos. Ambos se escudan en el silencio: no dan entrevistas, no responden preguntas y solo hablan a través de sus votos. Y su voto fue claro: impunidad.

El proyecto de Ficha Limpia podrá volver a tratarse recién en marzo de 2026. Mientras tanto, personajes condenados por la Justicia podrán seguir candidateandose sin vergüenza ni límites.