Recordemos que recientemente, el gobernador Rolando Figueroa celebró la sanción de la Ley de Ficha Limpia (uno de los ejes de su gestión) y cuestionó, sin nombrarla, la candidatura de Ruiz a diputada nacional como vía para eludir la restricción que le impide ocupar cargos en la provincia, desembarco si fuera electa, en la política nacional.

Luego de eso, el pasado domingo, un robo millonario en el supermercado La Anónima de Plottier se convirtió en un escándalo político. La Policía sorprendió a un gerente de depósito y a un fletero en plena maniobra de “robo hormiga” de asado y mercadería valuada en 2,5 millones de pesos. Lo que parecía un simple hecho policial, tomó otra dimensión al confirmarse que el jerárquico, identificado como Cristian Javier Poblete Torres, de 36 años, es hijo de Marisa Torres San Juan, primera candidata a senadora por el flamante partido que lidera Ruiz, Desarrollo Ciudadano.

La investigación, a cargo de la División Robos y Hurtos de la Policía, reveló que Poblete Torres utilizaba su posición jerárquica para facilitar la sustracción de productos de alto valor, burlando los controles internos y sacándolos junto con la basura del local. La maniobra, detectada gracias a tareas de inteligencia y seguimiento en conjunto con directivos del comercio, quedó registrada en cámaras de seguridad.

Torres San Juan, madre del acusado, fue concejala de Plottier durante dos mandatos y trabajó como directora de Despacho de la Legislatura neuquina hasta que fue apartada de su cargo en 2023, tras la destitución de Ruiz. Su nombre vuelve ahora al centro de la escena, no por su candidatura a senadora, sino por el vínculo familiar con un caso que mezcla delito común con derivaciones políticas.

En un año electoral marcado por fuertes disputas y viejas cuentas pendientes, este nuevo episodio suma presión sobre Ruiz y su espacio político, que ya enfrentaba cuestionamientos por los antecedentes judiciales de su líder y ahora debe explicar el comportamiento de quienes integran (o tienen vínculos directos) su lista.

Por otra parte, este fin de semana se terminan de cerrar las listas de cara a octubre: en Fuerza Patria, la vicepresidenta del Senado, Silvia Sapag, buscará renovar su banca encabezando la lista a la Cámara alta.

La histórica dirigente del Movimiento Popular Neuquino (MPN), hija de uno de los fundadores Felipe Sapag, aceptó la propuesta tras recibir el aval de Cristina Fernández de Kirchner para representar al kirchnerismo al igual que en 2019, confirmando así las especulaciones respecto a la elección a dedo desde Buenos Aires.

Crítica con la gestión de Rolando Figueroa y ya alejada definitivamente del MPN (aunque sin desafiliarse), Sapag compartirá el protagonismo con Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, que será la primera candidata a diputada nacional por el mismo espacio.

En La Libertad Avanza se confirmó la fórmula para el Senado con Nadia Márquez y Pablo Cervi al frente.

Márquez, referente evangélica y figura reconocida del mileísmo, y Cervi, dentro de los denominados “radicales con peluca”, apuntan a capitalizar el voto libertario en Neuquén. Para Diputados, la lista estará encabezada por Gastón Riesco, junto a Soledad Mondaca, referente en Rincón de los Sauces, y Joaquín Figueroa, de Cutral-Có.

En tanto que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) también cerró su armado, manteniendo el reparto de lugares según lo ya mencionado en este medio anteriormente.

En el Senado, se postulará el diputado ceramista Andrés Blanco (PTS) junto a la ex concejal Priscila Ottón (MST), mientras que para Diputados la nómina estará encabezada por Julieta Ocampo (Izquierda Socialista), seguida por César Parra (Partido Obrero) y Florencia Paula Beltrán (PTS).

Entre conflictos gremiales y viales

Vaca Muerta vuelve a estar en el centro de la agenda por conflictos laborales y seguridad vial. El sindicato de Petróleo y Gas Privado, liderado por Marcelo Rucci, advirtió que las empresas no cumplen con la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo y podrían retomar medidas de fuerza en la brevedad.

Solo YPF y Tecpetrol avanzaron en negociaciones, mientras que el resto mantiene despidos y stand-by, según advierten desde el sindicato. Rucci señaló que los trabajadores permanecen con jornadas reducidas y que el gremio actuará si no se respeta la conciliación.

Mientras tanto, las rutas de Vaca Muerta siguen siendo un foco de accidentes fatales. Solo en un día hubo tres víctimas en Centenario y San Patricio del Chañar, en esta última semana. El gobierno de Neuquén puso en marcha un megaoperativo este sábado en los tramos más peligrosos. Las medidas incluyen reducción de velocidad a 80 kilómetros por hora y controles de alcoholemia aleatorios.

Según la secretaria de Emergencias, Luciana Ortiz Luna, los primeros resultados son positivos, con mayor fluidez y controles intensivos de 6 a 10 de la mañana y de 16 a 21 horas.

Los operativos se ampliarán a otros sectores relacionados con Vaca Muerta.

En cuanto a novedades gremiales de la semana, la seccional de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) en la Capital votó un paro de 24 horas para el próximo 21 de agosto, acompañado de una marcha en el centro de la ciudad, generando un fuerte cruce con la conducción provincial del gremio que calificó de medida “ilegal”.

Según el gremio capitalino, los aumentos trimestrales por IPC no alcanzan a cubrir la suba del costo de vida y generan pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, por lo que se llevará a cabo una movilización.

Por su parte, la conducción provincial de ATEN, encabezada por Marcelo Guagliardo, criticó la votación de la seccional Capital y señaló que no tiene facultades para convocar medidas de fuerza.

Guagliardo defendió el acuerdo salarial vigente y advirtió que la acción de la seccional podría poner en riesgo la negociación con el Gobierno. El conflicto refleja las diferencias internas dentro del sindicato, sin que se haya modificado el acuerdo provincial vigente.

Conflicto mapuche y restablecimiento del diálogo

Esta semana, representantes de comunidades mapuches presentaron una denuncia en la Ciudad Judicial contra los responsables policiales y políticos del operativo que terminó con casi una veintena de detenidos frente a la Casa de Gobierno el pasado 20 de julio.

La acción busca proteger el derecho a la protesta y la libertad de expresión, y los abogados de las comunidades se presentarán como querellantes para impulsar la investigación. La denuncia apunta también a la actuación de la Fiscalía, que habría librado órdenes sin control judicial.

Paralelamente, se retomó el diálogo entre el Gobierno provincial, las comunidades mapuches y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), que actuará como veedora.

Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron documentación sobre expedientes de personería jurídica y tramitaron observaciones y acreditaciones pendientes.

Se acordó un nuevo encuentro el próximo lunes 18 de agosto para definir un cronograma de trabajo con representantes designados por cada parte.

El conflicto se originó tras el acampe de cuatro comunidades en las puertas de la Casa de Gobierno, que reclamaban el reconocimiento legal de sus personerías jurídicas.

El Gobierno aclaró que los plazos de trámite se han manejado con cautela y prudencia, y que los procedimientos administrativos para estas comunidades se encuentran en curso desde 2023. La medida de desalojo se aplicó luego de agotar otras instancias, según señalaron las autoridades, y busca garantizar el cumplimiento de los procesos institucionales establecidos.