La investigación judicial por el desvío de fondos públicos durante la gestión de Omar Gutiérrez pone bajo la lupa a ex funcionarios y a dirigentes de izquierda.
La investigación judicial por el desvío de fondos públicos durante el gobierno del exgobernador Omar Gutiérrez comenzó a revelar una trama que, desde distintos sectores, ya describen como un posible entramado de corrupción destinado a evitar conflictos en las calles.
Y otros, directamente, todavía no cumplieron: son los diputados Andrés Blanco (PTS-FIT), Gabriela Suppicich ni su reemplazante Julieta Ocampo (FIT), Daniela Rucci (MPN) y Ramón Fernández (MPN) 💸
— Gaby Godoy (@Gaby_godoy47) April 22, 2025
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La hipótesis que gana fuerza sostiene que, a través de millonarias transferencias a organizaciones sociales y dirigentes de izquierda, se buscaba garantizar que las protestas no deterioraran la imagen de la gestión provincial.
La punta del ovillo para intentar desenmarañar esa presunta operatoria aparece ahora en la figura de la exdiputada provincial Gabriela Suppicich, dirigente del Partido Obrero.
Suppicich dejó su banca en febrero de 2025 para cumplir con el esquema de rotación que caracteriza al Frente de Izquierda y de los Trabajadores, permitiendo el ingreso de Julieta Ocampo, de Izquierda Socialista.
Suppicich, estrecha colaboradora de las referentes de la izquierda neuquina Angélica Lagunas y Patricia Jure, está involucrada en una causa judicial que investiga el uso irregular de fondos públicos. Según trascendió, habría recibido 13 transferencias entre el 7 de diciembre de 2022 y el 1 de noviembre de 2023 por un total de 4.726.469 pesos.
La causa es la misma en la que este miércoles fueron imputados dos exministros del gobierno de Gutiérrez: Abel Di Luca y Germán Chapino. Ambos quedaron bajo investigación por su presunta participación en el manejo irregular de recursos destinados a organizaciones sociales.
La investigación apunta al presunto desvío de fondos públicos otorgados a la cooperativa Viento Sur, integrada por organizaciones sociales. Según la fiscalía, el esquema habría provocado un perjuicio al Estado provincial superior a 1.208 millones de pesos a valores históricos.
El caso está en manos del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien sostiene que hubo un uso indebido de los recursos asignados.
Los fondos provenían del “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, creado en 2022 por el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo.
Ese programa establecía una serie de controles previos obligatorios antes de cada desembolso, entre ellos la verificación institucional de las organizaciones, la certificación de autoridades, la presentación de planes de acción y la acreditación de capacitaciones efectivamente realizadas.
Sin embargo, según la investigación, los desembolsos habrían comenzado incluso antes de la firma del decreto que creó el programa y se extendieron hasta diciembre de 2023, el último mes del gobierno de Gutiérrez.
Desde el punto de vista judicial, los hechos fueron encuadrados como administración fraudulenta agravada contra la administración pública.
En el plano político, en tanto, crece la sospecha de que esos recursos millonarios habrían servido para financiar a dirigentes piqueteros y organizaciones sociales con un objetivo claro: evitar protestas callejeras que pudieran deteriorar la imagen del gobierno de turno.
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