Entre ellos figuran exfuncionarios de peso del Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Omar Gutiérrez, como el exministro Abel Di Luca, y nombres clave de la estructura administrativa que manejaba los planes sociales en plena pandemia, como Ricardo Soiza, el principal apuntado.

La fiscalía había llegado al debate con la expectativa de probar la existencia de una asociación ilícita, pero el fallo dejó claro que, si bien existió una maniobra delictiva organizada, esta se limitó a un único engranaje: el fraude en los subsidios a la desocupación. "No había planes para cometer múltiples delitos", sentenció el juez Juan Manuel Kees, dejando fuera la calificación más grave y reduciendo así las escalas de pena.

El contraste no es menor: en lugar de enfrentar condenas de entre 4 y 10 años, los acusados deberán esperar penas que oscilarán entre los 2 y los 6 años de prisión.

Para los partícipes primarios, la defensa confía en que podrán obtener condenas cercanas al mínimo y conservar la libertad, mientras que la fiscalía ya anticipó que insistirá con el máximo posible para los coautores.

Esa pulseada tendrá lugar en el juicio de cesura, programado para el 25 de noviembre, donde durante cinco jornadas se debatirá la condena de cada uno.

El veredicto fue unánime y detallado. Los jueces describieron, uno por uno, el rol de los imputados. Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, fue señalado como quien "pergeñó" la maniobra, junto a Néstor Sánz y Marcos Osuna. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, Di Luca y su coordinador Tomás Siegenthaler definían mes a mes los montos de los subsidios, según determinó la Justicia.

Luis Gallo, Laura Reznik y Julieta Oviedo se ocuparon de la operatoria intermedia: planillas, correos, acreditaciones. Incluso el abogado Alfredo Cury fue alcanzado por la condena, luego de que se comprobara que cobró cheques destinados a beneficiarios y colaboró en borrar evidencia antes de los allanamientos.

En términos políticos, la sentencia golpea de lleno al histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN). El partido que dominó la provincia durante seis décadas aparece asociado, en el fallo judicial, con "funcionarios, empleados y referentes" que cometieron una maniobra fraudulenta que generó un "gravísimo perjuicio económico" a las arcas públicas.

Aunque Omar Gutiérrez fue excluido de la causa y ni siquiera declaró como testigo, su figura quedó inevitablemente ligada al caso. Ya desplazado de YPF por decisión de Rolando Figueroa y aislado en la conducción del MPN, el exgobernador transita quizás el ocaso de su carrera política en un contexto adverso.

El actual mandatario, por su parte, se distancia del escándalo. Figueroa capitaliza el contraste entre su promesa de renovación y el descrédito en el que cayó el viejo MPN, al tiempo que reveló sus intenciones de recuperar al histórico partido desde adentro.

El fallo le ofrece una oportunidad de consolidar esa narrativa: un ciclo que se cierra y otro que se abre, con la posibilidad de volver a liderar al MPN de cara a las elecciones de 2027.

Lo que viene será decisivo: en noviembre se discutirán las penas y se resolverán las apelaciones. La Fiscalía de Estado de Neuquén ya anunció que recurrirá el fallo, sosteniendo que el tribunal no reflejó adecuadamente las pruebas de una organización delictiva y que corresponde reconocer la figura de asociación ilícita, recordando que "acá falta gente" en relación a posibles referentes que no aparecen en tela de juicio.

Por su parte, los imputados apelarán con el objetivo contrario: revertir las condenas por administración fraudulenta y buscar la absolución, alegando insuficiencia de pruebas e irregularidades procesales. De este modo, el caso deja un escenario abierto y tenso, que plantea un debate clave sobre responsabilidad, transparencia y control en la gestión pública.

Gremialismo y tensiones internas en el histórico partido

Continuando con la interna en el MPN, desde el ámbito gremial, Marcelo Rucci, secretario general de Petroleros Privados, adelantó que ya piensa en su propio espacio político porque, según él, "el MPN no existe más", criticando la conducción de Omar Gutiérrez y Jorge Sapag.

El líder sindical aseguró que “la soberbia de dos señores hizo desaparecer al MPN” y cuestionó especialmente la falta de autocrítica y diálogo dentro del partido tras el traspié en las últimas elecciones provinciales.

En paralelo, otro hito de la semana muestra nuevamente las internas: un sector del MPN, el conocido MAPO, respaldó a Silvia Sapag como candidata a senadora nacional por Fuerza Patria, la fuerza vinculada al kirchnerismo. La hija de Felipe Sapag, cofundador del partido neuquino, mantiene su afiliación al MPN, aunque competirá por un espacio de carácter nacional, lo opuesto a la política que pregona "La Neuquinidad" de Rolando Figueroa.

Por último, en cuanto al sindicalismo, en la UOCRA, esta semana Víctor Carcar renovó su mandato como secretario general al encabezar la única lista presentada, por lo que la elección, que movilizó a 3870 de los más de 5300 afiliados habilitados, fue un mero trámite.

Durante su gestión, el gremio sumó 7 mil afiliados en los últimos tres años, y Carcar destacó las perspectivas de incrementar la actividad en la construcción a partir de obras previstas en Vaca Muerta para 2026.

Así, Neuquén enfrenta un escenario político y social intenso: sindicatos activos que buscan mayor representación, proyectos locales como La Neuquinidad reforzando su presencia, y disputas internas en el MPN, mientras elecciones y debates estratégicos marcarán el rumbo de la provincia en los próximos meses.