La maniobra, tan burda como grotesca, forma parte de una investigación por enriquecimiento ilícito, defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, delitos que podrían llevar a Ruiz al banquillo de los acusados antes del receso judicial de julio. La Justicia ya analiza pedir una audiencia de formulación de cargos en las próximas horas.

El caso de la camioneta es revelador. Ruiz intentó justificar su compra alegando que la financió con ahorros, tarjeta de crédito y la venta de una Toyota Hilux. Pero esa camioneta ni siquiera estaba a su nombre, sino al de su suegra, Norma Painevil. La venta se habría realizado en 53 millones de pesos a un jubilado de 67 años, tío de su marido, que habría pagado en efectivo. Pero el formulario oficial indica un valor de tan solo 30 millones.

Painevil y el presunto comprador también están imputados por participar en una maniobra de lavado de activos y simulación de operaciones. Como si fuera poco, documentos muestran que la suegra “prestó” esos 53 millones a Ruiz para la compra del nuevo vehículo, pero esa cláusula fue escrita a mano y sin fecha. Una burla a la inteligencia del Ministerio Público y a la ciudadanía.

Por si hiciera falta más evidencia, la fiscalía identificó depósitos millonarios en la concesionaria Nippon Car, realizados por familiares y allegados de Ruiz: su cuñado, recientemente nombrado prosecretario legislativo, transfirió 20 millones de pesos en dos días. Su secretaria y amiga personal, otros 12 millones. Y todavía falta identificar a quién hizo otros depósitos en efectivo.

El terreno en el Loteo Manzanares también es un rompecabezas que la Justicia ya está armando. No figura a su nombre, pero los testimonios y los papeles apuntan directamente a ella. Allí se construyó una pileta valuada en más de 31 millones, incluida en una supuesta obra pública para una ONG, la Asociación GRU.DI.ES., que nunca se concretó. El actual intendente, Luis Bertolini, denunció el desvío, lo que abrió otra línea de investigación.

Y hay más: designaciones a dedo de familiares, contratos con empresas truchas, viáticos fantasmas, y hasta transferencias a la cuenta personal de su hermano, Pablo Ruiz, quien ya fue imputado por peculado por girar fondos públicos, colocarlos en plazos fijos y quedarse con los intereses. Un modus operandi mafioso en el corazón del Estado neuquino.

Mientras tanto la ex vicegobernadora guarda un silencio sepulcral. Frente a este panorama, la política de transparencia impulsada por el gobernador Rolando Figueroa cobra más fuerza que nunca. Desde el primer día de su mandato, el gobernador se comprometió a combatir la corrupción sin mirar colores partidarios, y este caso es la prueba cabal de que en Neuquén la impunidad ya no tiene cabida.